Autor(es): Eduardo Flores y Cuauhtémoc Velasco
Resumen: El factor político jugó un papel sustancial para fincar la racionalidad económica de las empresas mineras y por lo tanto en el establecimiento de la dinámica general de la actividad. Los obstáculos resultantes del hecho de ser un sector semindustrial ligado al comercio exterior y dependiente de los recursos naturales, requirieron para su superación, del apoyo y control de los organismos estatales y fuentes de poder en todos sus niveles. Por ello interesa indagar acerca de los mecanismos y espacios políticos que ocuparon los representantes de los intereses de los explotadores y propietarios de yacimientos minerales. Se ha escrito bastante sobre la actitud de la Corona española, durante la segunda mitad del siglo XVIII, cuando se decidió fomentar la actividad minera obteniendo resultados fabulosos. Sin embargo, sigue siendo poco lo que se ha dicho sobre el tema una vez consumada la Independencia. Dentro del debate para la construcción del nuevo proyecto de nación posterior a 1821, uno de los pocos puntos en los que coincidieron las fuerzas en pugna fue, justamente, en la necesidad de impulsar la actividad minera. Sin embargo, estuvieron a discusión los fines de la rehabilitación del ramo y, de esta manera, también los mecanismos concretos para el fomento. Aquí interesa hacer una comparación del papel que jugaron las instancias políticas en el fomento minero, entre los llamados períodos de las “reformas borbónicas (1767-1810) y de la “anarquía” (1821-1853).